Políticas públicas para el aborto, tema de seminario en el CONGISP 2011

AC/INSP/DICYT El tema de las políticas públicas para el aborto ocupó un lugar importante en el 14 Congreso de Investigación en Salud Pública celebrado a principios de mes en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), al ser abordado en un simposio que contó con un panel de destacados especialistas en el tema, como Raffaela Schiavon, Directora de IPAS México; Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Marieke van Dijk, Asociada Regional del Population Council México; y Belkis Aracena, investigadora del INSP y moderadora del simposio.

Schiavon informó que 61% de la población en el mundo vive en países donde el aborto es legal a solicitud de la mujer o bajo distintas circunstancias, y 26% habita en naciones donde el aborto está prácticamente prohibido, mientras que en México la situación varía de un estado a otro.

Asimismo, destacó que, de las 25,150 mujeres muertas en México por causas maternas entre 1990 y 2008, 1,790 fallecieron por aborto y sus complicaciones. En cuanto a la tasa de letalidad del aborto en nuestro país, indicó que se ubica en 50 muertes por cada 100,000 hospitalizaciones.

En el Distrito Federal, señaló la especialista, no solo ha habido un cambio en la ley para proteger el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, sino que se han implementado servicios para ello, obteniendo una gran respuesta por parte de las mujeres, con el constante apoyo y acompañamiento de la sociedad civil en todas las etapas del proceso, que ha documentado el proceso, aportado evidencias y monitoreado la opinión pública sobre el aborto.

En cuanto al procedimiento más empleado, Schiavon mencionó el misoprostol, tecnología utilizada en el 70% de los casos, lo que indica, dijo, la prontitud con que las mujeres acuden a solicitar el servicio.
Más adelante presentó algunos resultados de encuestas de opinión realizadas a nivel nacional y local en el Distrito Federal: la Encuesta Nacional de Opinión Católica, levantada en el 2009; y tres encuestas realizadas en 2007 (antes de la reforma legal), 2008 y 2009 en la capital del país.

De acuerdo con la encuesta nacional, 74% de los católicos entrevistados estaría de acuerdo con que el aborto fuera legal cuando la vida de la mujer estuviese en peligro; 70%, cuando la salud es lo que estuviera en riesgo; 66%, cuando el embarazo fuera resultado de una violación; 62%, cuando el feto presentara malformaciones; y 37%, cuando el embarazo estuviese dentro de las primeras doce semanas de gestación.
 

De igual forma, 55% cree que una mujer puede ser una buena católica aunque haya tenido un aborto; 54% considera que el aborto debe ser legal en algunos casos, 24% cuando la mujer así lo decide; y solo 16% considera que el aborto debe ser ilegal en todos los casos. La mayoría considera que la decisión final sobre un embarazo no deseado debe recaer en la mujer (30%) o en la pareja (46%), y solo 2% cree que debe recaer en la Iglesia.

Las encuestas locales, por su parte, indican que, mientras en 2007 solo 38.4% de los capitalinos estaban a favor de la nueva ley de interrupción legal del embarazo, en 2009 esa cifra se había incrementado a 73%; lo mismo ocurrió respecto a la opinión de que la ley se extienda al resto del país: creció de 51.9% en 2007 a 82.8% en 2009.

Respecto a la opinión de los residentes del Distrito Federal sobre si la mujer, sola o en pareja, es quien debe decidir la interrupción de un embarazo, subió de 75% en 2007 a 90% en 2009.

Para terminar su participación, la Directora de IPAS México dijo que la despenalización del aborto en el Distrito Federal es prueba de que un cambio legal puede influir en la opinión pública y viceversa.

Entre 2007 y 2010, concluyó, en dieciocho estados se han aprobado reformas constitucionales para prohibir el aborto, y actualmente se encuentran pendientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos nuevos recursos de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en el Distrito Federal.

Por su parte, Van Dijk habló de las consecuencias del aborto basadas en evidencia científica, entre ellas el impacto negativo que el aborto inseguro tiene en diferentes niveles (individuo, familia y sociedad) y ámbitos (de salud, económico y social), y que afecta principalmente a las mujeres pobres en países en vías de desarrollo.

Tal evidencia, afirmó, es clave para apoyar las políticas progresistas y las actividades de abogacía a favor de la descriminalización del aborto, así como para mejorar la información sobre métodos anticonceptivos y educación sexual. Asimismo, permite no solo informar y guiar a tomadores de decisiones y profesionales de la salud, sino mejorar el acceso y la calidad de los servicios de aborto legal, medir logros sobre las metas planteadas y contrarrestar argumentos falsos del movimiento antiaborto.

Respecto a la mortalidad por aborto inseguro, la Asociada Regional del Population Council México indicó que un estudio llevado a cabo en el Distrito Federal señaló como causas el hecho de que las mujeres con complicaciones por aborto inducido tardan varios días en buscar atención médica, y que en varios casos se subestimó la gravedad de tales complicaciones o no se les dio un tratamiento adecuado.

Otro estudio realizado en colaboración con el INSP sobre los costos del tratamiento de complicaciones de aborto seguro y el aborto inducido seguro en el Distrito Federal, aseguró Van Dijk, ha demostrado que incrementar el acceso a servicios de aborto con aspiración manual endouterina (AMEU) y aborto con medicamentos puede reducir costos en un 62% aproximadamente, porcentaje que se puede incrementar aún más si se reducen las complicaciones mejorando el acceso a servicios ambulatorios.

Por último, mencionó como una consideración para el futuro el potencial que posee el aborto con medicamentos para reducir las consecuencias negativas del aborto clandestino.

Pedro Salazar alertó sobre el hecho de que cambiar las normas no necesariamente se traduce en un cambio en la realidad social. El federalismo, dijo, debe garantizar derechos iguales sobre una base universal en todo el país. En el caso de México, advirtió, con la intención de limitar el poder de la Federación, se otorgaron ciertas atribuciones y facultades a los estados que, al ser erróneamente interpretadas, han convertido a las entidades federativas en pequeños feudos con poderes absolutos. Esto ha provocado que algunos estados violen los derechos fundamentales, e impide garantizar la igualdad de la mujer ante la ley en todo el territorio nacional. Es así que una mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo de manera segura en el Distrito Federal y, a poca distancia (en el estado de Morelos), puede ser juzgada y castigada por la misma acción.

Al respecto, Salazar sentenció que son los derechos fundamentales los derechos de los más débiles.
Finalmente, Aracena informó que 210 millones de mujeres se embarazan cada año en el mundo, y de este número de embarazos, 80 millones (38%) terminan en aborto, 53% (42 millones) de ellos en aborto inducido, y de estos, 48% (20 millones) en aborto inseguro.

Respecto a estos 20 millones de abortos inseguros, 98% se realizan en países en desarrollo. Además, una de cada cuatro mujeres que se practica un aborto inseguro sufre complicaciones, y cerca de 5 millones terminan con discapacidad temporal o permanente.

En cuanto a las muertes maternas ocasionadas por aborto inseguro, dos terceras partes se producen en mujeres entre 15 y 30 años de edad y, en Latinoamérica y el Caribe, más del 50% en mujeres de 20 a 29 años de edad.

En lo que se refiere a México, la especialista del INSP comentó que, de 1990 a 2005, más de 7% de las muertes maternas se debieron a abortos y sus complicaciones. De ese porcentaje, 45% ocurrió en mujeres de 20 a 29 años de edad, y 13% en adolescentes. Asimismo, de 2001 a 2005, se hospitalizaron en instituciones públicas 167,400 mujeres al año por atención al aborto.

En lo que toca al Distrito Federal, entre 2001 y 2005 se atendieron 112,683 mujeres en hospitales públicos por complicaciones del aborto, y entre 2006 y 2009, poco más de 8% del total de egresos hospitalarios de mujeres (376 mil) se relacionaron con “embarazos que terminan en abortos”.

Aracena concluyó su participación señalando que, entre el 2003 y el 2008, el gasto público en aborto en México representó alrededor del 3% del total del gasto público en salud reproductiva. Asimismo, mencionó que el costo de las técnicas de AMEU y misoprostol es más bajo en la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal en comparación con un proveedor privado: 1,008 pesos para la AMEU y 564.5 pesos para el misoprostol en el caso del primer prestador de servicios, contra 1932 y 1770 pesos, respectivamente, en el caso del segundo.