La Junta financia la contrataci贸n en pr谩cticas de personal investigador en el Hospital de Salamanca
CGP/DICYT El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León celebrado hoy ha aprobado una subvención por importe de 10.060 euros para el Hospital Universitario de Salamanca destinada a la financiación en 2009 de un nuevo contrato de trabajo en prácticas de personal investigador. En la actualidad el personal investigador en prácticas cuenta con un contrato laboral desde su incorporación. Hasta ahora, no se producía relación laboral hasta que el investigador no finalizara los 24 primeros meses como becario y hubiera obtenido el diploma de Estudios Avanzados.
Según informa la Administración regional, este contrato se suma a los 150 aprobados en la reunión del pasado 16 de abril y dirigidos a las universidades públicas y al CSIC. En virtud de este acuerdo la Universidad de Burgos recibirá una subvención de 111.946 euros para 8 contratos, la Universidad de León, 417.205 euros para 32 contratos; la Universidad de Salamanca, 913.310 euros para 73 contratos; la Universidad de Valladolid, 487.687 euros para 32 contratos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 80.751 euros para 5 contratos. Con el aprobado hoy, el número de contratos vigentes para realizar en 2009 por cada uno de los centros, asciende a 151.
El Estatuto del Personal Investigador en Formación, que se aprobó por Real Decreto en enero de 2006, configura un sistema obligatorio para todos los programas de ayudas que tengan por objetivo la formación de investigadores y, finalmente, la obtención del título universitario de doctor. Estos programas de investigación se realizan a través de un departamento o instituto universitario, un centro o instituto dependiente del CSIC, un centro tecnológico inscrito en el Libro de Registro de Centros de Innovación Tecnológica o un hospital público que cuente con Comisión de Investigación.
Tras los primeros dos años como becarios, el personal investigador en formación debe formalizar un contrato de trabajo en prácticas con el organismo correspondiente y la consejería de Educación tiene la responsabilidad de abonar a estos organismos la cantidad global de ayuda correspondiente al salario y el coste de la Seguridad Social.