Ciencias Sociales España , Valladolid, Jueves, 16 de abril de 2009 a las 16:47

La Junta invertirá más de dos millones de euros en la formación de investigadores

Destinará ayudas a las universidades públicas y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para contratos en prácticas

CGP/DICYT El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy subvenciones por importe de 2.010.899 euros que irán dirigidas a las universidades públicas y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el objetivo de financiar contratos de trabajo en prácticas de personal investigador durante 2009. Estas ayudas se encuentran enmarcadas en el Estatuto del Personal Investigador en Formación y afectan a 150 contratos en las citadas instituciones públicas con sede en Castilla y León. 

 

De este modo, los docentes recibirán una retribución anual de 15.400 euros brutos. Para ser beneficiarios de este acuerdo, las personas contratadas en prácticas deberán haber finalizado los 24 primeros meses desde su incorporación como becarios y haber obtenido el diploma de Estudios Avanzados.

 

Por instituciones, el Consejo de Gobierno la Universidad de Burgos recibirá una subvención de 111.946 euros para ocho contratos, la Universidad de León 417.205 euros para 32 contratos; la Universidad de Salamanca 913.310 euros para 73 contratos; la Universidad de Valladolid 487.687 euros para 32 contratos, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 80.751 euros para el contrato de cinco personas.

 

El Estatuto del Personal Investigador en Formación, que se aprobó por Real Decreto en enero de 2006, configura un sistema obligatorio para todos los programas de ayudas que tengan por objetivo la formación de investigadores y, finalmente, la obtención del título universitario de doctor. Estos programas de investigación se realizan a través de un departamento o instituto universitario, un centro o instituto dependiente del CSIC, un centro tecnológico inscrito en el Libro de Registro de Centros de Innovación Tecnológica o un hospital público que cuente con Comisión de Investigación.

 

Tras los primeros dos años como becarios, el personal investigador en formación debe formalizar un contrato de trabajo en prácticas con el organismo correspondiente y la consejería de Educación tiene la responsabilidad de abonar a estos organismos la cantidad global de ayuda correspondiente al salario y el coste de la Seguridad Social.