Environment Brazil São Paulo, São Paulo, Wednesday, May 15 of 2024, 16:30

El 76 % del desmonte en tres estados amazónicos de Brasil se registró en el área de un nuevo polo agrícola

Científicos apuntan que la presión en el límite entre Amazonas, Acre y Rondônia se ha intensificado a partir de 2018, con el anuncio de la creación de una zona de desarrollo sostenible

AGENCIA FAPESP/DICYT – Mientras el gobierno federal brasileño debate la creación de un polo agrícola en la confluencia entre los estados de Amazonas, Acre y Rondônia –una zona popularmente conocida por el acrónimo Amacro–, el desmonte en los municipios de esa región avanza y representa actualmente el 76,5 % del total del área devastada en esos tres estados entre 2018 y 2022. Esta es la conclusión que surge de un estudio publicado en la revista científica Perspectives in Ecology and Conservation.

 

De acuerdo con dicha investigación, desde la comunicación de la intención de crear una zona de desarrollo sostenible (ZDS), en 2018, la región ha venido enfrentando un aumento de las tasas de deforestación, con la especulación territorial, la extracción ilegal de madera y la conversión de la selva en pasturas y tierras agrícolas.

 

Los científicos utilizaron datos oficiales basados en teledetección para analizar un área de alrededor de 454.000 kilómetros cuadrados (km²), el equivalente a poco más que el territorio de Suecia. La misma abarca 32 municipios situados en el límite entre el sur del estado de Amazonas, el este de Acre y el noroeste de Rondônia, y ha venido denominándosela “el nuevo arco de la deforestación”. En dicha región, donde viven alrededor de 1.700.000 personas, está prevista la creación de la ZDS Abunã-Madeira, actualmente en fase de planificación y articulación.

 

“Cuando estaba haciendo el posdoctorado en el Inpe [el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales], analizaba la expansión del límite agrícola en el Cerrado [la sabana tropical brasileña]. Pero fue posible notar que había una dinámica de avance también en la Amazonia, especialmente en aquella región. Por eso fuimos a intentar entender qué estaba sucediendo allí y arribamos a ese escenario de especulación territorial y presión intensa”, dice el investigador Michel Eustáquio Dantas Chaves, autor principal del artículo y docente en la Universidade Estadual Paulista (Unesp) en el campus de Tupã.

 

Dantas Chaves había estado a la cabeza de otro estudio en el que se demostró la eficacia de la aplicación de imágenes satelitales de la misión Sentinel-2 en los análisis enfocados en la detección del avance de la frontera agrícola, uno de los factores de las alteraciones abruptas en el uso de la tierra.

 

Las tasas de deforestación en la Amazonia Legal brasileña (un área creada por el gobierno brasileño con miras a establecer políticas de desarrollo local y protección ambiental que abarca a los nueve estados en donde existe este bioma) aumentaron gradualmente durante la última década, superando la marca anual de 10.000 km² y llegando a 13.038 km² en 2021, el mayor índice desde 2006, de acuerdo con el Proyecto de Monitoreo vía Satélite de la Selva Amazónica Brasileña (Prodes), del Inpe. Este panorama cambió solamente el año pasado, cuando, tras cuatro años consecutivos de tasas altas, el área deforestada se ubicó en 9.001 km² entre agosto de 2022 y julio de 2023, con una disminución del 22 % en comparación con el período anterior.

 

Al analizar los tipos de ordenamientos territoriales, los investigadores demostraron que el desmonte fue más frecuente y creciente en las tierras privadas, pero avanzó en forma preocupante sobre las Unidades de Conservación (UC) entre 2018 y 2022. Con relación a las tierras públicas –que constituyen gran parte del área de zonificación, incluidas las reservas extractivas y las tierras Indígenas (TI)– también hubo presión y amenazas. En 2021, por ejemplo, el 64% del desmonte se concretó en esas áreas. Allí hay 86 UC, 49 TI y unos 94.000 km² de bosques públicos no destinados.

 

Para los científicos, resulta preocupante la ausencia de estudios de impacto ambiental y de políticas públicas socioambientales tendientes a proteger a las comunidades tradicionales, lo que pone en duda la factibilidad y la sostenibilidad del proyecto.

 

“Sabemos acerca de la importancia de la creación de una zona de desarrollo, fundamentalmente para que los habitantes de fuera de los grandes centros tengan acceso a condiciones de trabajo y de crecimiento y puedan producir. Pero es necesario tener gobernanza, a los efectos de asegurar que la producción respete las leyes, genere ingresos y se transforme en desarrollo para la región y no solamente en explotación”, sostiene el investigador Marcos Adami, de la División de Observación de la Tierra y Geoinformática del Inpe, y autor corresponsal del artículo. El estudio también contó con la participación de Ieda Sanches (Inpe), Katyanne Conceição (Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Estado de Pará) y Guilherme Mataveli (Inpe/University of East Anglia), y tuvo el apoyo de la FAPESP.

 

Dantas Chaves recuerda que la propuesta de creación de la zona “nació” enfocada en la producción de soja, por eso llegó a denominársela “Matopiba del norte”, en referencia al límite agrícola que abarca a los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, en donde se registra una expansión de la apertura de áreas de vegetación autóctona para su conversión en pasturas y cultivos de granos.

 

En el sitio web de la Superintendencia del Desarrollo de la Amazonia (Sudam), la creación de la ZDS Abunã-Madeira aparece descrita como una propuesta tendiente a fomentar el desarrollo socioeconómico “potenciando las aptitudes locales en la bioeconomía, los circuitos productivos agrosostenibles (fruticultura, piscicultura y agronegocio) y las acciones multisectoriales (infraestructura, logística, turismo, capacitación e investigación científica)”. También se sostiene allí que puede servir de proyecto piloto para otras regiones de la Amazonia.

Ante la consulta, la asesoría de la Sudam –designada por el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional para responder sobre el tema– no contestó a los contactos de Agência FAPESP.

 

El historial

 

Al margen de la explosión posterior a 2018, el desmonte ha venido creciendo en esa región desde el año 2012, de acuerdo con la investigación, en coincidencia con un período de crisis económica y debilitamiento de la regulación ambiental en Brasil. Entre 2012 y 2020, el 5,2 % del área de la ZDS Abunã-Madeira padeció la conversión para usos antrópicos del suelo, fundamentalmente de selva a pasturas (un 78 %).

 

En valores absolutos, la deforestación ha aumentado en todos los tipos de ordenamientos de tierras, pero lo ha hecho en forma más intensa en las UC, especialmente desde que se anunció el proyecto de la ZDS. En los asentamientos rurales, la mayor tasa registrada (625,56 km², en 2021) se ubicó por encima del promedio entre 2012 y 2020 (341,20 km²).

 

En el estudio se utilizaron datos del Prodes, considerado la herramienta más precisa para estimar las tasas anuales de desmonte en la Amazonia, con el monitoreo de la tala rasa, que mantiene la metodología desde 1988. Se los combinó con información geográfica, del Catastro Ambiental Rural (CAR) y del Sistema de Gestión de Tierras (Sigef, en portugués).

 

Para Felipe Gomes Petrone, maestrando en teledetección del Inpe y coautor del trabajo, “el hecho de meramente definir las zonas de desarrollo agrario sin concretar evaluaciones de impacto socioambiental e implementar políticas públicas puede generar más perjuicios que avances para el sector agroambiental”.

 

“Los agricultores deben ser los grandes aliados de la protección ambiental, ya que la productividad mejora y avanza con la conservación de diversos factores de la naturaleza, que suministra lluvias, ciclos de nutrientes, polinización y otros aportes. La perturbación de la regulación climática y del ciclo del agua útil para la producción agrícola en estados productores relevantes puede generar pérdidas multimillonarias”, sostiene Adami.

 

De acuerdo con el grupo de científicos, es necesario que esta iniciativa contemple una producción agrícola diversificada y con las debidas salvaguardias ambientales, como así también urge la implementación de estrategias de puesta en valor del potencial productivo y de la selva en pie.