Aprobada la actualizaci贸n del decreto que regula las academias cient铆ficas y culturales
CGP/DICYT El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy el decreto por el que se regulan las academias científicas y culturales en Castilla y León, vigente desde 2002. El nuevo decreto reforzará la función de asesoramiento a las Administraciones públicas, garantizará la excelencia e independencia científica de las academias y reforzará la eficacia y seguridad jurídica en las relaciones entre las academias y la Administración, facilitando su colaboración a través de medios electrónicos.
En la actualidad existen ocho academias que van a estar amparadas por este decreto: la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, la Real Academia de Medicina de Salamanca, la Institución Tello Téllez de Meneses en Palencia, la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, la Real Academia de Historia y Arte San Quirce de Segovia, la Academia de Farmacia de Castilla y León y la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León.
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno completa y actualiza la última normativa vigente, del año 2002, para lograr una mayor eficacia en el ejercicio de las competencias de la Comunidad sobre las Academias y una mayor seguridad jurídica para las corporaciones afectadas.
Según la información de la Administración regional recogida por DiCYT, las academias científicas y culturales son corporaciones públicas con funciones de interés público e independientes de la Administración. El Estatuto de Autonomía atribuye a la comunidad autónoma competencias exclusivas sobre las Academias científicas y culturales que desarrollen principalmente su actividad en Castilla y León.
En el ejercicio de estas competencias, la Junta de Castilla y León aprueba un nuevo decreto que reforzará la función de asesoramiento a las Administraciones públicas de la Comunidad, garantizará la excelencia e independencia científica de las Academias en su composición y funcionamiento, reforzará la eficacia, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre las Academias y la Administración General de Castilla y León, facilitará la relación con la Administración pública mediante la utilización de medios electrónicos, garantizará a las entidades afectadas una información administrativa eficaz y unos estándares de calidad del procedimiento, reforzará la seguridad en las relaciones jurídicas de las Academias y promoverá el ejercicio de determinados derechos de los ciudadanos y funciones de los poderes públicos.