Aprobado el Decreto para evaluar el impacto de los proyectos realizados en Red Natura 2000
CGP/DICYT El Decreto que establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones de los planes, programas o proyectos desarrollados en territorios declarados Red Natura 2000, por su alto valor ecológico, ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. La comunidad es una de las regiones de Europa con mayor biodiversidad y riqueza de ecosistemas. En este sentido, la Red Natura 2000 está integrada por 70 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y por 120 lugares de interés comunitario (LIC). En conjunto, Castilla y León aporta a la Red Natura 2000 una superficie de 2’46 millones de hectáreas, lo que representa el 26’13 por ciento de su superficie.
Esta normativa, según la información del Gobierno regional recogida por DiCYT, responde a la necesidad de regular las afecciones a la Red Natura 2000 para garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria. El decreto se estructura en cinco capítulos y contiene 25 artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales El objetivo de la Consejería de Medio Ambiente es conseguir la compatibilidad entre el desarrollo y la conservación de estas áreas, con el fin de garantizar la biodiversidad por medio de la protección de los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestre.
La Consejería de Medio Ambiente será el órgano competente para emitir el denominado Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA).
Red Natura 2000
Natura 2000 es una red de áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea, establecida con arreglo a la Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, (conocida como Directiva Hábitats). Esta red tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats europeos más valiosos y amenazados. La Directiva Hábitats establece que la conservación de estos territorios debe realizarse de manera que se garantice el mantenimiento de los niveles de calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea y se alcance un desarrollo económico compatible.