Vivir en zonas rurales aumentaría el riesgo de suicidio en adultos mayores

UNAL/DICYT Los adultos mayores que habitan en el campo son víctimas de la débil cobertura y acceso al sistema de salud, situación que, junto a la falta de ingresos fijos como una pensión, y de una red de apoyo emocional, hace que aumente el riesgo de suicidio frente a los que viven en zonas urbanas, según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

El suicidio en la población adulta mayor es un problema de salud pública grave que no ha recibido la atención que merece desde los sectores académicos y gubernamentales. En personas mayores de 60 años esta situación se ha asociado principalmente con factores como el deterioro de la salud mental o la depresión, o a una enfermedad crónica. No obstante, la falta de ofertas en servicios de salud, sobre todo para las personas que viven en la ruralidad, conlleva a un deterioro más acelerado y prematuro que, en muchos casos por dolores extremos, lleva a los adultos mayores a tomar la fatídica decisión.

En su trabajo doctoral en Salud Pública de la UNAL, Ivonne Ordóñez Monak encontró que, aunque existe una tendencia a que los adultos mayores tengan una tasa más alta de suicidio que el resto de la población, algunos casos se podrían evitar si se disminuyen las brechas de inequidad.

Para llegar a estos resultados, la investigadora analizó información entre 2009 y 2013 de los expedientes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, además de las Estadísticas Vitales (EE. VV.) publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante este mismo periodo, para que fueran comparables entre sí.

Además, visitó 44 municipios en los que reposan los archivos de los casos reportados y se revisaron 1.167 carpetas para identificar distintas variables sociodemográficas como estado civil, situación económica y antecedentes médicos, entre otros.

También realizó un análisis cualitativo con base en las entrevistas a algunos de los familiares de los mayores fallecidos, así como narrativas forenses e historias clínicas. Así, determinó que se presentaron 1.023 casos en hombres (87,66 %) y 144 mujeres (12,34 %), equivalented a 7 casos de suicidio masculino por cada suicidio femenino. Según la investigación, Arauca es el departamento con las mayores tasas de suicidio en esta población, seguido de otras zonas distantes del país.

Temor a la dependencia incrementa los temores

Según las entrevistas realizadas a los familiares de los hombres, algunas razones por las cuales presentan una tasa más alta es porque tienen temor de perder las capacidades que les permiten ser autónomos e independientes, e incluso, ser proveedores del hogar.

"Mientras que las mujeres tienen un rol social bien definido con sus hijos y nietos, en los hombres se da la tendencia a estar más relegados, situación que estaría asociada con una sensación de pérdida del sentido de la vida que los lleva a cometer suicidio", explica la investigadora.

Agrega que “la falta de estabilidad económica los golpea muy duro. Saber que dependen de sus hijos, o que van a depender, es muy difícil de asimilar para ellos”.

“Solo el 13 % de la población evaluada alcanzó a pensionarse, y como a su edad difícilmente pueden acceder a un empleo estable, algunos de ellos deciden trabajar en la informalidad y terminan en la indigencia, lo que refuerza sus problemas de salud y podría predisponer al suicidio”, anota.

De otra parte, para el 74 % de las mujeres entre las razones que las llevaron al suicidio se encuentran enfermedades mentales como Alzheimer, depresión y demencia; para un 57 % de los hombres las motivaciones tenían que ver con el desarrollo de enfermedades como cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), afecciones cardiovasculares y diabetes.

Ahorcamiento, el mecanismo más común

Los hechos han sucedido en las viviendas en horas de la mañana, y el mecanismo más común es el ahorcamiento para los dos sexos, seguido de arma de fuego en los hombres e intoxicación en las mujeres.

“Es evidente que el tema del envejecimiento requiere acciones y respuestas urgentes en torno a políticas de protección social, garantía de los derechos de las personas mayores y envejecimiento activo en el marco de la equidad y la justicia social”, indica la doctora.

Y advierte que los resultados cuantitativos, pero, sobre todo, la información cualitativa analizada, evidencia las debilidades en la formación de talento humano en salud, respuesta social y disponibilidad de redes de apoyo para las necesidades en salud física y mental de la tercera edad en Colombia.

“Aunque existen acciones asistenciales, preventivas y programas sociales, no son diseñadas de manera específica para este grupo poblacional, o no están siendo efectivas para mitigar y apoyar los retos que implica el envejecimiento de nuestros adultos mayores”, concluye.