Un estudio analiza la salud física y mental en las cárceles colombianas
UNAL/DICYT Los establecimientos penitenciaros y carcelarios de Colombia presentan un nivel de deterioro y unas limitaciones en espacios comunes, dormitorios o baños que afectan a la salud de las personas privadas de la libertad. Las deficiencias en infraestructura se traducen en hacinamiento, problemas con el suministro de agua, iluminación y ventilación, además de la imposibilidad de recibir atención médica y saturación en los servicios de salud, lo que lleva a esta población a padecer deterioro en su salud mental, problemas nutricionales, enfermedades crónicas no trasmisibles y de trasmisión sexual.
Estas son algunas de las principales conclusiones de una investigación que analizó la situación de las cárceles del país entre 1993 y 2018. Su autor, Víctor Hugo Piñeros, doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), lo califica como un problema desatendido, estructural y complejo. “Pese a que el Estado está en la obligación de vigilar y atender la salud de esta población, su situación de salud hoy trasciende el fenómeno biomédico y no se presentan las condiciones para cumplir con tal mandato”, indica el investigador.
Salud mental y enfermedades contagiosas
Para su trabajo doctoral, realizó el análisis en profundidad de 467 documentos entre anuarios generales de estadística, Constitución Política de 1986 y 1991, códigos penales, decretos, resoluciones, sentencias de la Corte Constitucional, informes de la Defensoría del Pueblo, Planes Nacionales de Desarrollo de 1966 a 2018, e informes de la Procuraduría.
Así, identificó que los casos de trastornos psiquiátricos son siete veces mayores en las personas privadas de la libertad que en la población general, la mayoría por trastornos del afecto.
“Los problemas de salud mental se cuentan entre las principales causas de pérdida de salud de esta población. Son comunes las dificultades de convivencia permanente, abusos de poder, violencia y consumo de sustancias psicoactivas e intento de suicidio”, señala el doctor Piñeros.
En relación con los problemas nutricionales, encontró que en 2014, por ejemplo, se presentaron 20 brotes de enfermedad diarreica, síntoma de enfermedades trasmitidas por alimentos.
“El 35 % de los casos se atribuyó al servicio de alimentos, el 35 % a los alimentos ‘sin control’ sanitario, el 18 % al consumo de agua sin tratamiento adecuado y el 12 % a casos indeterminados”, agrega.
De igual manera, los documentos analizados muestran que las deficientes condiciones espaciales y sociales de las cárceles determinan la incidencia de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar y altas tasas de conversión durante la permanencia en los penales.
“En concreto, en ciudades como Medellín y Bucaramanga se encontró que la incidencia de la tuberculosis fue 20 veces mayor en los centros de reclusión que en la población general”.
Las mujeres presentan necesidades específicas relacionadas con afecciones ginecológicas, salud sexual y reproductiva y problemas de salud mental. “Un porcentaje importante de mujeres privadas de la libertad manifestó condiciones precarias de vida en prisión (sin cama, presencia de plagas en dormitorios) y dificultades de acceso a los servicios de salud”.
Así mismo, describe las consecuencias diferenciales en los niños que viven hasta los 3 años en prisión: “suelen presentar problemas de habla y motricidad, mientras aquellos que ingresan después manifiestan problemas de control de esfínteres, dificultades del habla, elementos emocionales como impulsividad, agresividad, dificultades con el sueño, déficit de atención, hiperactividad, estrés y problemas con la alimentación”.
Crisis estructural
El doctor subraya que la situación en las cárceles representa un riesgo no solo para las personas privadas de la libertad, sino también para sus familias, el cuerpo de vigilancia y custodia, y para la salud pública.
Sugiere un trabajo conjunto y articulado entre las autoridades nacionales y territoriales para solventar el rezago del sistema de prisiones en cuanto a infraestructura, condiciones de vida, mínimo vital, programas de resocialización y servicios al pospenado.
“Aunque en el periodo estudiado se identificaron mejoras institucionales, todavía existe una contradicción entre la ley y la realidad, una inacción administrativa, en la que no se cambian el paradigma ni los modelos para mejorar la vida de estas personas”, concluye.