La Junta investiga el envenenamiento del águila imperial ibérica y los dos milanos reales aparecidos la semana pasada en la provincia de Ávila
MMG /DICYT El equilibrio medioambiental de la provincia de Ávila se vio sacudido la semana pasada con la aparición de un águila imperial ibérica y dos milanos reales muertos por presunto envenenamiento. Ahora, la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil investigan el caso, así como la aparición de varios cebos con veneno.
Los ejemplares muertos han sido recogidos aplicando el protocolo de venenos, y han sido trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres que la Junta de Castilla y León dispone en Valladolid para su análisis y determinación de las causas de la muerte.
La muerte de estos ejemplares supone un hecho de especial gravedad grave, dado que el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) es una especie clasificada "en peligro de extinción" y se trata de la rapaz más amenazada del continente europeo y una de las cuatro aves de presas más escasas del planeta. Su población mundial se sitúa entorno a las 250 parejas reproductoras localizadas todas ellas en la Península Ibérica, distribuidas en varias subpoblaciones con un nivel de intercambio de individuos escaso, algunas de ellas francamente aisladas. Este tipo de distribución es típicamente inestable y paso previo habitual de los procesos de extinción.
En la Comunidad de Castilla y León se encuentran las poblaciones más septentrionales de la península en la vertiente norte del Sistema Central en las provincias de Segovia y Ávila. El norte de ambas provincias constituye, como se esta viendo en los últimos años, un territorio en el que se está produciendo una importante expansión de la especie.
Hechos como el acontecido la semana pasada suponen un importante golpe para los objetivos de recuperación de la especie, cuando se estaban produciendo avances importantes en su recuperación, tras la aprobación del Plan de Recuperación por Decreto 114/2003 de la Junta de Castilla y León y de las medidas de gestión que se vienen aplicando durante hace más de 20 años.
Desde la Junta de Castilla y León se ha querido aprovechar el caso para recordar que las consecuencias de los envenenamientos pueden ser graves no sólo para la fauna silvestre, sino que pueden verse afectados animales domésticos y personas con las consiguientes responsabilidades penales que llevan aparejadas, por ello esta previsto dar traslado al ministerio fiscal de los hechos mencionados para que se adopten las medidas oportunas.