Tecnología España Burgos, Burgos, Miércoles, 10 de marzo de 2004 a las 20:05

La Junta anima a las pymes a que se acojan a las desgravaciones fiscales que ofrece la inversión en I+D+i

En los casos más ventajosos la desgravación llegaría al 30% de la inversión

SC/DICYT El director general de Industria e Innovación Tecnológica de la Junta de Castilla y León, Juan Casado Canales, animó hoy en Burgos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la comunidad que destinan parte de su presupuesto a la inversión en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, a que se acojan a las desgravaciones fiscales que este tipo de inversiones les garantizan.

Un llamamiento que viene motivado, según el propio Casado Canales, a que debido a un cierto “desconocimiento” o a “temores infundados”, las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad y del resto de España “no hacen uso de estas desgravaciones fiscales”. Una posibilidad que no deja de ser “otra fuente de financiación”, como lo puede ser una subvención a fondo perdido o los créditos sin intereses que en la actualidad ofrecen las diferentes administraciones.

El director general de Industria e Innovación Tecnológica, que participó hoy en Burgos en una jornada de trabajo en la que se habló sobre La Fiscalidad en I+D+i en Parques Tecnológicos, aseguró que “en los casos más ventajosos” la desgravación llegaría hasta el 30% de la inversión realizada por la empresa. Este tipo de jornadas divulgativas, que ya se han celebrado en León y que la próxima semana se desarrollará en Valladolid, se enmarcan en el proyecto OPTIMUS, que “tienen como objetivo el difundir este tipo de líneas de financiación en los proyectos de I+D+i”.

El proyecto OPTIMUS, puesto en marcha por la Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León, tiene como principales objetivos el analizar el grado de conocimiento y control que tienen las pymes de la región sobre las herramientas que ayudan a gestionar la I+D+i para ser más competitivas, definir los mecanismos de control y de gestión más eficaces, además de aproximar a las empresas a los sistemas de normalización y certificación que les pueden apoyar en este proceso.

Casado Canales avanzó que el proyecto terminará con una serie de implantaciones piloto en determinadas empresas pertenecientes a diferentes sectores productivos, en las que se les “asesorará” sobre la forma de conseguir el informe vinculante que emite el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que servirá a las empresas “como justificante” de que han realizado una inversión en I+D+i por la que “tienen derecho a desgravar fiscalmente, vía el impuesto de sociedades”.


Fue el año pasado, y mediante la publicación de un Real Decreto, cuando se reguló la figura del informe vinculante. Hasta este momento, “sólo existía la vía de desgravación sobre el Impuesto de Sociedades pero no la figura del informe vinculante como tal”, manifestó Casado Canales, quien añadió que por primera vez en el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2003 -que deben de realizar las empresas antes del 30 de junio de este año- existe la figura de este informe que las Pequeñas y Medianas Empresas deberán adjuntar al Impuesto de Sociedades.


Más inversión privada que pública en I+D+i

Según los últimos datos publicados en enero de este año por el Instituto Nacional de Estadística que hacen referencia a diciembre de 2002, Castilla y León es la quinta comunidad autónoma española en cuanto al parámetro de esfuerzo tecnológico -gasto en I+D+i sobre Producto Interior Bruto- ya que sólo Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra están por delante. Una situación “más que satisfactoria si tenemos en cuenta que en 1996 ocupábamos el puesto número doce”, manifestó Casado Canales.

Dentro del gasto total que invierten las empresas, y según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Castilla y León es una de las seis Comunidades Autónomas donde el porcentaje del gasto total en investigación, desarrollo e innovación que realiza el sector privado “es más importante que el porcentaje de ejecución del gasto en investigación del sector público”, representado mayoritariamente por las universidades.

En 2002 el volumen de gasto en investigación tecnológica del sector empresarial ascendió a 500 millones de euros. Una cantidad que “no es suficiente pero que pone de manifiesto que vamos por el buen camino”, manifestó Juan Casado Canales, a lo que añadió que “pese a la evolución manifiestamente positiva que se ha experimentado en los últimos años las pequeñas y medianas empresas deberían invertir más en proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación”.