La Dirección General de Calidad Ambiental tendrá competencias sobre las emisión de gases invernadero

BGA/DICYT El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana un decreto por el que se designa a la Dirección General de Calidad Ambiental como órgano autonómico competente en materia de emisión de gases de efecto invernadero, y por el que se atribuye el ejercicio de la potestad sancionadora en dicha materia.

Según el decreto, la mencionada dirección general será el órgano competente para otorgar autorizaciones y para valorar los informes sobre las emisiones. La potestad sancionadora corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente en el caso de muy graves, multadas con cantidades superiores a los 200.000 euros; a la Dirección General de Calidad Ambiental (para faltas graves con multas de hasta 200.000 euros), y a las delegaciones territoriales en el caso de incoar y tramitar expedientes y resolver otras faltas graves y leves.

La normativa europea exige que todas las instalaciones cuenten con autorización de emisión de gases de efecto invernadero el 1 de enero de 2005. Las comunidades autónomas deben designar el órgano encargado de valorar los informes que deben presentar los titulares de las instalaciones sometidas a este tipo de autorización, así como de ejercer la potestad sancionadora.

Esta normativa europea supondrá cambios en las empresas y modificaciones, ya que Castilla y León ha incrementado un 26’12% las emisiones de dióxido de carbono, responsable del efecto invernadero, desde 1999 a 2002, lo que supone que el total de las emisiones generadas en la comunidad autónoma equivale al 11% de las producidas en el conjunto del país. Unos niveles de contaminación considerables, si se tiene en cuenta que la población castellanoleonesa, según datos del Instituto Nacional de Estadística, supone un 6’01% del conjunto nacional y que el Producto Interior Bruto de la región aporta el 5’68% del de toda España.