Jordi Sevilla asegura que la nueva Ley de Administración Electrónica convertirá los servicios telemáticos en un derecho de los ciudadanos

MJF/DICYT El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha visitado esta mañana la las nuevas instalaciones de la Oficina de Extranjería de León, donde ha asegurado que la nueva Ley de Administración Electrónica dará un giro radical al proceso de modernización de las administraciones que convertirá los servicios telemáticos en un derecho de los ciudadanos cuando se apruebe antes de finales de año. Una transformación que permitirá, según indica, ofrecer una atención 24 horas durante los 365 días del año.

La nueva normativa, ha explicado el ministro, "abrirá una nueva era a partir de 2008 en la relación entre los ciudadanos y las administraciones", y además de un derecho será una obligación de las propias administraciones de prestar servicios telemáticos. Según ha resaltado, "ésta es una ambiciosa meta que el Gobierno viene persiguiendo desde el inicio de esta legislatura y que va ser posible como condición necesaria a partir del momento en que se apruebe la ley a finales de este mismo año".

La implantación del DNI electrónico, según ha señalado el ministro, también facilitará la puesta en marcha de estos servicios telemáticos dentro de un proyecto de unificación de los servicios de identidad personal que tiene previsto realizar el Gobierno para "facilitar, mejorar y simplificar los trámites" desde sedes como la Oficina de Extranjería de la capital leonesa, que atenderá a los 17.000 extranjeros que residen en la provincia de León, de los que 8.500 están afiliados a la seguridad social.

Fundamentos de la nueva Ley de Administración Electrónica

La nueva Ley de Administración Electrónica establece el derecho de los ciudadanos a no tener que presentar documentos con datos que las administraciones ya tienen en su poder, y obliga a la Administración a aceptar los presentados vía electrónica por los ciudadanos con el objetivo de generalizar la validez administrativa del documento electrónico. Una de las consecuencias será la eliminación de más de 20 millones de escritos en papel al año.   Asimismo, a través de la nueva ley, se reconocerá una firma electrónica o instrumentos alternativos para relacionarse con cualquier Administración de forma digital, de modo que los documentos electrónicos tendrán la misma validez jurídica que los tradicionales. La normativa se enmarca dentro del objetivo fijado por la Unión Europea de que todos los Estados miembros garanticen antes de 2010 la realización a través de internet de al menos el 50% de los trámites administrativos.