Investigadores argentinos proponen determinar la contaminación de suelos por plaguicidas

CGP-UNL/OEI-AECID/DICYT Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en Argentina, han planteado determinar qué áreas de cultivo deben ser intervenidas por el excesivo uso de agrotóxicos ante el vacío legal existente. A través de un proyecto de investigación, los expertos han analizado las leyes sobre plaguicidas en relación con la calidad de suelos en el país, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de mejoras. La iniciativa surge de un caso concreto en la ciudad de Córdoba, donde había que confrontar resultados de laboratorio con el marco normativo argentino actual.

Raquel Murialdo, una de las participantes en la investigación promovida por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, ha señalado que en el caso estudiado quedaba sin sustento la forma en que había que aplicar la Ley de Desechos Peligrosos. “El problema radica en que no contempla la parte referida a los plaguicidas y, a la vez, es muy pequeña la cita que hace en relación al suelo. Tampoco había ninguna normativa con la cual confrontar para decir si realmente estábamos frente a un caso de contaminación o no, o a qué calidad de suelo se podían aplicar esos resultados”, aseveró.

Por otro lado, la investigadora destacó que el país no tiene hechos los correctos estudios de base en relación con los distintos factores del ambiente. “Esto significa saber con qué base arrancamos en un suelo común, conocer cuánta contaminación hay por distintos usos. A partir de un estudio de base, se puede inferir cuánto está contaminado un sitio o no. De otro modo, siempre estamos comparando con legislaciones extranjeras que poco tienen que ver con la historia de nuestro suelo”, lamentó Murialdo. Las conclusiones de la investigación se presentaron en el segundo Workshop Latinoamericano sobre Residuos de Pesticidas, Alimentos y Medio Ambiente organizado por la UNL.

Sin valores de referencia

La investigación parte del hecho de que no existen valores de referencia en el país sobre concentraciones de plaguicidas, residuos o metabolitos derivados de su degradación en el suelo, por lo que el equipo concluyó que hace falta establecer un valor objetivo que derive de un programa nacional de investigación. Este programa debería incluir usos pasados y presentes y las características físico-químicas del suelo, además de establecer un “valor de intervención” que considere una dosis máxima permitida, teniendo en cuenta las vías de exposición de los seres humanos, punto de partida para considerar tareas de remediación del suelo. En la misma línea, se tendrían que analizar los casos contaminados con múltiples sustancias y el establecimiento de pautas para definir un suelo (o sedimento) limpio, diferenciándolo de un suelo contaminado.

Los expertos cordobeses analizaron normativas extranjeras y observaron que los países que disponen de un sistema concreto de leyes al respecto investigaron previamente los suelos y cultivos, para establecer valores de fondo del territorio estudiado y, de esa forma, poder definir indicadores de calidad de suelo.“Tomamos como referencia la legislación de Holanda por su Principio de Precaución. Al ser la más estricta, al tener mejor definidos los usos, genera una categoría que no es la de contaminado, ni la de no contaminado a secas, que es lo que hace la mayoría de las legislaciones, sino que da una referencia en relación a la presencia de suelo no limpio, lo que no implica que se esté obligado a restaurarlo o a remediarlo. Es la única normativa que lo tiene”, señaló Murialdo.

Suelos con dos o más sustancias permitidas

Además, incorpora el concepto de “cóctel” de plaguicidas, legislando de ese modo sobre casos de suelos con presencia de dos o más sustancias que aparecen en cantidades permitidas. “Si hay diez contaminantes y todos están bajo la norma, entonces el suelo está limpio. Eso es lo que normalmente se lee en las leyes. Pero en realidad si todos están bajo la norma, pero hay tantos contaminantes en relación a la cantidad de muestras se puede hablar de suelo contaminado, suelo no limpio, etc. Eso la normativa holandesa lo deja claro”, sostuvo la investigadora.El caso de Holanda es sólo el ejemplo más relevante, pero también observaron las leyes de países como Alemania, Canadá, Ecuador y España.