El presidente del CSIC critica que Castilla y León sólo aporte el 4,5% del gasto nacional dedicado a la I+D+i
MJF/DICYT El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Martínez Alonso, considera que Castilla y León invierte en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) un porcentaje inferior al que le corresponde por índice de población, ya que según indica representa un 8% de la población española y sólo invierte un 4,5% del gasto nacional total dedicado a estas inversiones. Así lo ha puesto de manifiesto esta mañana durante la firma de la renovación del convenio por el cual Caja España cede durante 25 años más la explotación de la finca Marzanas al CSIC para su uso como sede de la Estación Agrícola Experimental.
El máximo responsable del CSIC indica que la posición que ocupa la región castellaleonesa la coloca por debajo de otras comunidades como el Pais Vasco, que dedica una inversión del 8%, Andalucía, que acapara un 11% y otras zonas de España más pujantes como Cataluña y Madrid, que aportan más de un 20 y de un 28%, respectivamente.
Carlos Martínez Alonso señala que todos estos datos tomados en conjunto dan como resultado "una inversión muy insuficiente a pesar del esfuerzo realizado" y sitúan a España muy por debajo de la media europea, con sólo un porcentaje del 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a I+D+i, frente a una cota del 2% aportado por otros países europeos y de hasta el 4% de países considerados en la vanguardia tecnológica como Japón, EEUU y algunos países escandinavos.
En este sentido, Carlos Martínez Alonso, recuerda la promesa realizada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para llegar a una contribución del PIB a la I+D+i del 2% para el año 2010, que supondría adelantar en 15 años las previsiones anteriores, y su apuesta para contribuir a que la aportación del sector privado llegue a ser del 50%, a través del programa denominado Ingenio 2010.
A este respecto, el presidente del CSIC apela al sector privado para aumentar este tipo de inversiones como herramienta extraordinaria de competitividad y productividad y para que el 65% del gasto realizado en I+D+i no dependa del sector público como en la actualidad, frente a otros países en los que este porcentaje es del 35% y el resto depende de manos privadas.