Doscientos estudiantes de Informática se manifiestan para pedir a los europarlamentarios que voten en contra de la nueva ley de patentes

BGA/DICYT Unos doscientos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid se manifestaron esta mañana, en la entrada principal de su centro universitario, para recoger firmas y pedir a los europarlamentarios españoles que acudan a votar en contra de la Ley Europea de Patentes que está previsto aprobar en el mes de mayo.

Se trata de la nueva Directiva Europea de Patentabilidad de Invenciones Implementadas por Ordenador de la Unión Europea que ha suscitado las protestas de diversas asociaciones de informáticos e internautas, como la Reunión Estudiantes de Informática de España, Proinnova, Hispalinux, la Fundación para una Infraestructura de Información Libre y la Fundación Conocimiento Libre, entre otras. Según explican los representantes estudiantiles, esta ley supondrá un recorte grave del mercado laboral informático, además de la aparición indiscriminada de patentes, la desprotección de las pymes, y la reducción de la libertad de los consumidores.

Según ha indicado a DICYT Eduardo Carretero, uno de los organizadores de las movilizaciones en Valladolid, desde el Gobierno español ya no se pueden adoptar medidas contra esta ley, y la única posibilidad pasa porque la normativa sea rechazada en Bruselas, para lo que piden la colaboración de todos los europarlamentarios españoles.

Carretero explicó también que esta ley es similar a la que existe en Estados Unidos desde hace años, pero que, a diferencia de lo que ocurre en este país, en Europa el software sólo estaba protegido por copyright, de modo que existía mayor libertad en su explotación, y añade que, de aprobarse la norma, será necesario patentar los desarrollos, y ese es un proceso largo y costoso “al que sólo pueden hacer frente las grandes multinacionales”, lo que limitaría el trabajo de los programadores libres. 

Del mismo Carretero explica que la entrada en vigor de esta ley supone que las grandes multinacionales tendrán la posibilidad de patentar desarrollos que pueden haber sido hechos por programadores libres y, al no haber tenido esa protección con anterioridad, es probable que muchos de ellos pierdan los posibles beneficios a los que tendrían derecho con las patentes.