"Las Administraciones públicas deben estar obligadas ética, legal y políticamente al uso de software libre"
AMR/DICYT La Escuela Universitaria de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido hoy una jornada sobre el software libre, aquél que no es necesario realizar un desembolso económico para disponer de él. Los asistentes pudieron conocer los aspectos que originaron este tipo de programación, los prejuicios que le rodean y el uso en el mundo actual, así como los modelos de negocio desde un punto de vista legal y el proyecto Debian, el mayor de compilación de software, cuyo objetivo es ofrecer un sistema operativo universal y totalmente libre.
El responsable de Tegnix, consultora tecnológica especializada en la materia, Roberto Brenlla, indicó a DiCYT que "las Administraciones públicas deben estar obligadas ética, legal y políticamente al uso de software libre" y puso un ejemplo: "No se puede exigir a alguien en unas oposiciones que tenga conocimiento de Excel, en todo caso, sería de hoja de cálculo. Es como si, de igual modo, se exige que al aspirante que conozca el uso de una Black&Decker y no de una taladradora". Brenlla, uno de los dos conferenciantes junto a Gregorio Hernando (del Centro de Proceso de Datos de la Upsa), también cree que las empresas privadas se beneficiarán de su uso "es una ventaja competitiva".
En la actualidad, las tres comunidades autónomas que destacan por la implatanción masiva de software libre y por políticas favorecedoras son Andalucía, Extremadura y Galicia. En el último caso, existen hasta 15 asociaciones que fomentan el uso de las aplicaciones informáticas que brindan libertad a los usuarios sobre su producto adquirido y por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. La última en constituirse es Agasol (Asociación Gallega de Software Libre), que agrupa a 25 empresas con unos 7 millones de facturación y 150 empleos creados.
El uso de software privativo es, según este expeto, oneroso para las diferentes Administraciones. Se estima que cada año salen de España 1.500 millones de euros en capitales por la adquisición de programas informáticos con licencia de uso. Algunos estados europeos ya han puesto su punto de mira sobre este sector económico. En los últimos días, el Gobierno alemán anunció que destinaría 500 millones de euros en el programa Open Source und Green IT, dedicado a la estabilidad y crecimiento de las herramientas de software libre.